Presidente de la República, Gabriel Boric Font, da inicio al funcionamiento del Servicio de Reinserción Social Juvenil en la macrozona norte

• En La Serena, junto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se dio el vamos al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil que inició su funcionamiento entre las regiones de Arica y Parinacota a Coquimbo.

En el marco de su visita a la región de Coquimbo, el Presidente Gabriel Boric Font junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, encabezaron la ceremonia de puesta en marcha del servicio en las regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá; Antofagasta; Atacama; y Coquimbo.

La política pública que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil es parte de las medidas para la implementación de la Agenda Nacional de Niñez 2015 – 2025 que, tras la aprobación de la Ley Nº 21.527, mandata su creación junto con la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

La implementación del Servicio de Reinserción, que sustituye al Sename en la tarea de administrar las medidas y sanciones frente a los delitos cometidos por adolescentes, tiene un enfoque centrado en la intervención, con un modelo y soporte adecuados para trabajar con jóvenes que han infringido la ley.

El Presidente de la República Gabriel Boric Font,  señaló que con este cambio en la institucionalidad “tenemos la posibilidad de cortar la cadena de pobreza y delito enseñando oficios certificados, entregando otras oportunidades, haciéndonos cargo de las historias familiares”.

Asimismo, el mandatario planteó la importancia de la “persecución firme a los delitos, pero también preocuparnos de este espacio (…) Queremos dejar atrás esa época e ingresar a una nueva. Prevenir tempranamente sabemos que implica esfuerzos múltiples. Esto tiene varias iniciativas que están corriendo en conjunto; por ejemplo, la ampliación del Programa Lazos que ejecuta la Subsecretaría de Prevención del Delito o la implementación del Servicio de Reinserción Social marcan hitos importantes”, explicó el Presidente.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, expresó que “Lo que se busca es que la reinserción sea posible y con ello satisfacer no solo proyectos de vida,  sino que haga al final del día una sociedad más segura y más solidaria”.

En la zona norte son 1.100 las y los adolescentes y jóvenes quienes se encuentran en centros de cumplimiento de medidas y programas de justicia juvenil. De esa población hay 122 en Arica y Parinacota; 279 en Tarapacá; 266 en Antofagasta; 181 en Atacama y 252 en Coquimbo. De ellos, 81,7% se encuentran en programas de medio libre y 18,3% privados de libertad.

Previo al inicio de la ceremonia las máximas autoridades compartieron con jóvenes en un diálogo privado y luego de la visita ingresaron al gimnasio del centro de régimen cerrado para ser parte de la ceremonia que puso énfasis en los cambios que trae esta reforma al sistema de justicia juvenil en materia de reinserción social para adolescentes, que comenzó su implementación de manera progresiva en enero de 2023 y que finalizará en el año 2026, dando así un cierre definitivo al Sename en todo el país. 

Durante el 2023 se generaron acciones con el fin de preparar la puesta en marcha de la nueva institucionalidad, como la instalación de los equipos directivos; la generación de nuevos estándares exigibles para el tratamiento de las y los jóvenes; junto con los procesos de evaluación necesarios para el adecuado traspaso de funcionarios y funcionarias desde el Servicio Nacional de Menores al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que incorporó capacitaciones interinstitucionales para la nueva Política de Reinserción Juvenil.

Con la implementación de esta reforma y la entrada en funcionamiento del Servicio en la macrozona norte, se mejorará la calidad de los procesos de intervención a partir de las siguientes definiciones estratégicas:

Especializado y de alto nivel técnico.

Atención para los jóvenes centrada en la intervención, con un modelo y un soporte adecuado para la gestión de cada caso.

Mejora en los estándares de calidad para el funcionamiento de programas e instituciones.

Sistema especializado de administración de justicia juvenil: fiscales, jueces y defensores formados en la materia.

Reforzamiento de la respuesta del Estado para asegurar el acceso a las prestaciones de salud, educación, inserción laboral y otras materias de acuerdo al plan de acción y la nueva política nacional.

Mediación penal juvenil como una forma alternativa de resolución de los conflictos.

Cambio en la relación con organismos privados que ejecutan programas, cambiando la lógica de subvenciones por financiamiento asociado a estándares de calidad.